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Cada día el Estado publica decenas de normas que cambian derechos, obligaciones y reglas del juego.
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El lote está compuesto principalmente por normativa técnica de la UE sobre sanidad animal, normalización industrial y reconocimiento de cualificaciones, junto con una sentencia sobre sanciones a Rusia. No introduce recortes de derechos fundamentales ni cargas directas para la ciudadanía general, sino ajustes regulatorios sectoriales y correcciones de errores.
Dos decretos de los ayuntamientos de Palma y Sant Josep de sa Talaia fijan los servicios mínimos esenciales para la jornada de huelga general del 11 de noviembre de 2026. Se limita el derecho de huelga del personal de transporte urbano, recogida de residuos, limpieza y mantenimiento, garantizando solo coberturas parciales de estos servicios públicos.
El lote incluye normas autonómicas de Castilla-La Mancha sobre farmacia, consumo, vivienda y medidas tributarias, junto con una resolución estatal de coeficientes energéticos y un reglamento para ciudadanos españoles en el exterior. Destaca la utilización de los depósitos de fianzas de alquiler para financiar políticas de vivienda, lo que reduce las garantías de devolución íntegra para los inquilinos, y la exigencia de aportar facturas domésticas con datos de consumo y CUPS para obtener incentivos energéticos.
Se publican 16 nombramientos (principalmente Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad, y funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros y Catedráticos de Música), sin ceses explícitos. Se incluyen 123 disposiciones relativas a concursos y oposiciones en múltiples organismos: Administración de Justicia, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración General del Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Organismos Públicos de Investigación, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Osakidetza, diversas Universidades y múltiples Entidades Locales.
Esta edición del BOIB publica principalmente modificaciones presupuestarias internas en varios municipios y una modificación urbanística en Palma. La única norma con impacto directo en la ciudadanía es la nueva ordenanza de taxis y galeras de Sant Llorenç des Cardassar, que regula el servicio y establece el régimen sancionador aplicable a usuarias y conductoras.