BOE: Alertas legislativas (21/09/2026 a 22/09/2026)
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Regulación portuario, social y migratoria
La sentencia del Tribunal Supremo anula el artículo 197.2 del Real Decreto 1155/2024, que imponía la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración para todos los procedimientos de extranjería. Esta medida afecta directamente a las personas extranjeras, que a menudo carecen de recursos digitales o de la complejidad técnica necesaria para un certificado digital, restableciendo su derecho a utilizar medios presenciales o en papel para trámites esenciales como permisos de residencia o asilo. Por otro lado, el Acuerdo Administrativo con Filipinas mejora el acceso a derechos de seguridad social para los trabajadores migrantes, permitiendo la totalización de periodos cotizados y el reconocimiento de pensiones sin barreras burocráticas excesivas, lo que beneficia a un colectivo vulnerable. Finalmente, la modificación de la delimitación del puerto de Avilés implica desafectaciones de dominio público que alteran el uso de los terrenos y la propiedad en la zona, con impacto urbanístico y ambiental.
Resumen general
Se aprueba la reordenación de los espacios portuarios de Avilés y se desafectan terrenos del dominio público, beneficiando a empresas constructoras y al desarrollo local. Se establecen los procedimientos administrativos para aplicar el convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas, facilitando la coordinación de prestaciones. El Tribunal Supremo declara nula la obligación general de relacionarse electrónicamente en extranjería, restableciendo la posibilidad de usar medios presenciales para los trámites migratorios.
Efectos prácticos
- Los propietarios de terrenos en Avilés ven modificada la calificación de sus suelos, pasando algunos de dominio público portuario a titularidad privada o urbanizable.
- Los trabajadores españoles y filipinos que hayan cotizado en ambos países podrán tramitar sus pensiones de jubilación o invalidez presentando una única solicitud ante la administración de su lugar de residencia.
- Las personas extranjeras que deban realizar trámites de extranjería no están obligadas a disponer de medios electrónicos ni de certificado digital para poder presentar sus solicitudes, al haberse anulado el artículo 197.2 del Reglamento de Extranjería.
- Los productores de queso Afuega'l Pitu deben adaptarse a las nuevas condiciones del pliego aprobado, que modifica las normas de producción de esta denominación de origen.
- Las administraciones de seguridad social de España y Filipinas se intercambiarán datos personales y médicos de los solicitantes para calcular las prestaciones correspondientes.
- La exclusión de la zona de servicio portuario de la parcela de 13.579,44 metros cuadrados en las Dunas de San Juan permite su uso para fines distintos a los portuarios.
Disposiciones detectadas
Resolución de 4 de septiembre de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueba la modificación normal del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Afuega’l Pitu».
Se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Afuega’l Pitu», actualizando las normas de producción y comercialización de este queso asturiano tras el periodo de oposición sin alegaciones.
Se actualizan las normas técnicas de la denominación de origen, aunque el texto específico de los cambios técnicos no se detalla en el extracto, más allá de la justificación de su necesidad y el cumplimiento de la normativa europea.
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Madrid el 11 de septiembre de 2026.
Se establecen los organismos de enlace y los procedimientos administrativos concretos para aplicar el Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas, regulando cómo se tramitan las prestaciones por enfermedad, maternidad, jubilación, invalidez y supervivencia, así como el intercambio de información y documentos entre las administraciones de ambos países.
Se operativiza un convenio preexistente de 2002 definiendo los organismos concretos (INSS, TGSS, SSS, GSIS) y los formularios específicos para el reconocimiento de derechos, agilizando los trámites para los trabajadores que han cotizado en ambos países.
Orden TRM/984/2026, de 1 de septiembre, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Avilés y la desafectación de determinados espacios del dominio público portuario.
Se modifica la delimitación de la zona de servicio del puerto de Avilés para incorporar nuevos espacios liberados por el cambio de trazado de carreteras y excluir otros terrenos, como una parcela en la playa de San Juan, que se desafectan del dominio público portuario. También se reordenan los usos portuarios en áreas como El Espartal y San Juan.
Se reduce el dominio público portuario mediante la desafectación de parcelas concretas (como 13.579,44 m² en Dunas de San Juan y otras en Las Canteras) y se alteran los usos permitidos en ciertas áreas funcionales, cambiando la calificación urbanística de terrenos que pasan de reserva a uso comercial o complementario.
Sentencia de 29 de julio de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 21/2025, contra el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.
El Tribunal Supremo declara nulo de pleno derecho el artículo 197.2 del Real Decreto 1155/2024, que obligaba a relacionarse electrónicamente con la Administración en los procedimientos de extranjería, al considerar que vulnera la ley de procedimiento administrativo al no justificar adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de dicha obligación para todos los trámites.
Se elimina la obligación general de uso de medios electrónicos para los trámites de extranjería, permitiendo a los ciudadanos optar por la presencialidad o el papel, revirtiendo una restricción que dificultaba el acceso a los derechos administrativos a quienes no tienen competencias digitales.
Base del análisis
Texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante; Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas; Ley Orgánica 4/2000; Ley 39/2015; Reglamento (UE) 2024/1143.
Procesada en
martes, 22 de septiembre de 2026, 14:11