Regulación energética, electoral y territorial
Análisis generado por IA: puede contener errores y no es asesoramiento jurídico. Consulta el texto oficial · Más información
BOE: Alertas legislativas (28/10/2026 a 29/10/2026)
La modificación de las obligaciones del servicio postal universal para elecciones introduce dispositivos de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI en las mesas electorales. Esto operativiza la verificación de la identidad basada en el DNI electrónico y su credencial digital, que contiene datos biométricos faciales del ciudadano. Aunque se presenta como un mecanismo para garantizar la seguridad del voto, supone la exposición sistemática de categorías de datos personales altamente sensibles (imagen facial, datos de identidad) en un proceso fundamental como es el sufragio, con riesgo de sesgos o fallos en la lectura automatizada que podrían impedir el ejercicio del derecho al voto.
El sistema carece de contrapesos claros sobre la soberanía del dato: el ciudadano no tiene visibilidad ni control sobre cómo el dispositivo de lectura procesa su plantilla facial, si cruza datos con otras bases policiales o si guarda un registro (log) de la verificación. La trazabilidad exigida para la entrega y recogida del dispositivo no extiende la transparencia al tratamiento del dato personal del votante, creando un punto de vigilancia digital en un acto que constitucionalmente exige secreto y libertad.
Este encadenamiento con el Real Decreto 255/2025 (que regula el nuevo DNI) y el Acuerdo de la Junta Electoral Central completa la arquitectura técnica para la identificación biométrica en las urnas. El riesgo estructural de fondo es la normalización del control de identidad digital y biometría facial en el ejercicio de derechos fundamentales, abriendo la puerta a su extensión a otros ámbitos públicos bajo la justificación de la seguridad o la modernización.
Resumen general
El boletín incluye normas sectoriales de transición ecológica (biocarburantes y gas), desarrollo de infraestructura verde (vías pecuarias) y disposiciones electorales y de vivienda. Destaca la introducción de dispositivos de lectura de MiDNI en mesas electorales, que amplía el control de identidad mediante datos biométricos, y una sentencia que afecta a los desahucios y la función social de la vivienda.
Efectos prácticos
- Las mesas electorales usarán dispositivos de lectura del código QR de la aplicación MiDNI, lo que normaliza la verificación biométrica digital del elector y expone sus datos faciales y de identidad en cada votación.
- Los operadores de biomasa eléctrica pierden apoyo financiero a no ser que apliquen captura de CO2 o estén en zonas ultraperiféricas, lo que puede encarecer la electricidad de biomasa o forzar el cierre de plantas.
- Se reduce el umbral para exigir criterios de sostenibilidad a plantas de biomasa sólida de 20 MW a 7,5 MW, obligando a instalaciones medianas y pequeñas a asumir nuevos costes de verificación y auditoría.
- Los usuarios del sistema gasista que originen costes específicos, como la gestión de garantías, pagarán cargos directos en lugar de repartir el coste entre todos los usuarios del sistema.
- La sentencia del Tribunal Constitucional valida que las administraciones puedan declarar el incumplimiento de la función social de la vivienda y condiciona la reanudación de desahucios a informes de vulnerabilidad.
- Se prohíbe dar apoyo financiero a la producción de energía usando trozas de aserrío, tocones y raíces, priorizando su uso material sobre el energético para proteger ecosistemas boscosos.
- El Convenio de Estocolmo prohíbe el contaminante UV-328 a partir de 2030, salvo para usos críticos en aeronaves, lo que obligará a la industria a buscar alternativas químicas.
- Se delimita y protege con carácter nacional la Red de Vías Pecuarias, lo que impide su reclasificación urbanística y garantiza su uso como corredores ecológicos y trashumantes.
Disposiciones detectadas
Real Decreto 926/2026, de 28 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos relativos a los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa utilizados para la producción de energía, y por el que se modifican diversos reales decretos en la materia.
Traspone la Directiva UE 2023/2413, introduciendo el principio de uso en cascada de la biomasa (priorizando usos materiales sobre energéticos), restringiendo ayudas a la bioenergía forestal (prohibiendo apoyos a plantas solo eléctricas salvo excepciones) y endureciendo los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones (bajando umbrales de 20 MW a 7,5 MW).
Se pierde el apoyo financiero para nuevas instalaciones eléctricas de biomasa forestal y se reduce el umbral de exención de sostenibilidad de 20 MW a 7,5 MW, obligando a plantas más pequeñas a asumir costes de verificación que antes no tenían.
Real Decreto 924/2026, de 28 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos subterráneos básico y de los cánones aplicados por su uso.
Adelanta el tercer periodo regulatorio gasista al 1 de octubre de 2026, introduce cargos unitarios específicos para usuarios que originan costes concretos (como gestión de garantías) para evitar su socialización, y actualiza retribuciones a almacenamientos subterráneos (reconociendo el 90% de costes de derechos de emisión e introduciendo incentivos de fiabilidad).
Los usuarios que generen costes específicos en el sistema gasista dejan de tener ese coste socializado entre todos los usuarios y pasarán a pagarlo directamente mediante cargos específicos, lo que puede encarecer el acceso a ciertos usuarios.
Real Decreto 925/2026, de 28 de octubre, por el que se desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
Desarrolla reglamentariamente la Red Nacional de Vías Pecuarias, delimitando los tramos e itinerarios principales y alternativos que la componen (listados en anexos), estableciendo su programa de acción, inventario, cartografía y un Fondo Documental, para garantizar la conectividad ecológica y la trashumancia.
Pasa de una definición abierta de la Red Nacional a una delimitación concreta y cerrada de tramos, lo que otorga mayor protección frente al intrusismo urbanístico pero reduce el margen para ampliar la red fácilmente sin nueva modificación normativa.
Enmienda al Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptada en Ginebra el 9 de mayo de 2025, mediante la Decisión SC-12/14.
Incluye en la lista del Convenio de Estocolmo el contaminante orgánico persistente UV-328, estableciendo una exención específica y temporal para su uso en cinta impermeabilizante y adhesivos/recubrimientos de poliuretano en aeronaves, que expira a la conclusión del año 2030.
Prohíbe el uso del químico UV-328 en todos los ámbitos excepto en aeronaves, donde se permite de forma temporal hasta 2030, eliminando su uso libre anterior.
Instrucción 2/2026, de 26 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y de delegación en las Juntas Electorales Provinciales de las competencias previstas en el artículo 65.5 LOREG, en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, que se celebrarán el 29 de noviembre de 2026.
Distribuye los espacios gratuitos de propaganda electoral en medios públicos estatales a propuesta de una Comisión de Radio y Televisión, y delega en las Juntas Electorales Provinciales la distribución en medios de ámbito regional y local para las elecciones generales del 29-N.
No hay cambios sustanciales respecto a procedimientos anteriores; aplica la normativa electoral estándar a la convocatoria específica de 2026.
Orden PJC/1129/2026, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026, por el que se modifica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2025, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a la Asamblea de Extremadura, que se celebrarán el día 21 de diciembre de 2025 y en las elecciones que se convoquen durante 2026.
Modifica las obligaciones de Correos para que entregue y recoja en las mesas electorales los dispositivos de lectura del código QR de la aplicación MiDNI, garantizando así la verificación de identidad biométrica/digital de los votantes, y establece un sistema de trazabilidad para estos dispositivos.
Introduce la obligación de dotar a las mesas electorales de lectores de código QR para MiDNI, lo que cambia el sistema de verificación de identidad (de papel a digital/biométrico) y añade nuevas cargas logísticas y de trazabilidad a Correos, con una tarifa de 28,0667 euros por entrega y recogida.
Pleno. Sentencia 64/2026, de 23 de septiembre de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1306-2024. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Sentencia que resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra la Ley de Vivienda, declarando la constitucionalidad de preceptos que atribuyen a las administraciones la declaración de incumplimiento de deberes de la propiedad, regulan las zonas tensionadas y reanudan desahucios suspendidos por el COVID-19, condicionándolos a informes de vulnerabilidad y mediación para grandes tenedores.
Valida que el Estado pueda imponer a las autonomías procedimientos de conciliación y emisión de informes de vulnerabilidad en desahucios, y confirma la diferenciación de trato para grandes tenedores, recortando las garantías de recuperación inmediata de la vivienda frente a la situación anterior al COVID-19.
Real Decreto 928/2026, de 28 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de los contratos de concesión de obra para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible licitados por CASA 47 Entidad Pública Empresarial en el marco del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Regula la concesión directa de subvenciones (hasta 201,7 millones de euros) a las concesionarias de obra pública que promuevan vivienda en alquiler asequible a través de CASA 47, para compensar la limitación de rentas que hace económicamente inviable el modelo sin aportación pública, financiando la construcción de unas 2.425 viviendas.
Canaliza fondos públicos directos a concesionarias privadas de obra pública para compensar la rentabilidad limitada por el tope de alquiler asequible, utilizando el nuevo régimen de concesiones de hasta 80 años introducido recientemente.
Base del análisis
Directiva (UE) 2023/2413; Ley 7/2021 de cambio climático; Ley 3/1995 de Vías Pecuarias; Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General; Real Decreto 255/2025 del DNI; Ley 12/2023 del derecho a la vivienda; Convenio de Estocolmo
Procesada en
jueves, 29 de octubre de 2026, 14:08