BOE: Alertas legislativas (11/06/2026 a 12/06/2026)
Semiconductores, transporte, farmacia y justicia
La digitalización obligatoria de los documentos de control en el transporte por carretera impone una carga técnica y operativa nueva a todos los transportistas que operan en España. La regulación de la devolución y destrucción de estupefacientes en farmacias afecta a pacientes y profesionales sanitarios, aunque en este caso se trata de una mejora de claridad normativa más que de un recorte.
Resumen general
El BOE del 12 de junio de 2026 recoge principalmente subvenciones públicas a proyectos de I+D en microelectrónica y cooperación tecnológica internacional, una nueva regulación sobre gestión de medicamentos estupefacientes en farmacias, la digitalización obligatoria de documentos de control en el transporte por carretera y cambios procedimentales en el Tribunal Constitucional. No hay recortes de derechos fundamentales, aunque la digitalización forzosa en el transporte impone cargas nuevas a los operadores del sector.
Efectos prácticos
- Las empresas de transporte por carretera que operen en España estarán obligadas a usar documentos de control administrativo exclusivamente en formato digital, sin posibilidad de papel.
- Las farmacias y servicios de farmacia tendrán que seguir un procedimiento específico y regulado para devolver o destruir medicamentos estupefacientes y psicotrópicos caducados o retirados, algo que antes no estaba claramente definido.
- Los pacientes que devuelvan excedentes de tratamientos con estupefacientes a la farmacia verán ese proceso regulado por primera vez de forma expresa.
- La Fundación IMEC Spain, constituida en 2026 por la entidad belga IMEC International, recibirá una subvención pública directa con fondos Next Generation EU para investigar en microelectrónica y semiconductores en España.
- Las pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización con actividad en I+D internacional podrán solicitar ayudas INNOGLOBAL del CDTI cofinanciadas con fondos FEDER, con una subvención mínima del 30% del presupuesto elegible.
- Los abogados que presenten recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional deberán hacerlo exclusivamente por sede electrónica a partir del 15 de septiembre de 2026, usando un modelo normalizado con límite de 50.000 caracteres.
- Los jueces y alumnos de la Escuela Judicial podrán solicitar ayudas de hasta 90.000 euros en total para financiar su formación complementaria realizada entre julio de 2025 y junio de 2026.
Disposiciones detectadas
Real Decreto 469/2026, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación IMEC Spain para la realización de un proyecto de investigación y desarrollo destinado a impulsar el sector estratégico de la microelectrónica y los semiconductores en España, programa «UNICO I+D-IMEC Spain», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU.
Este Real Decreto concede directamente, sin concurrencia competitiva, una subvención pública a la Fundación IMEC Spain, entidad constituida en 2026 por la belga IMEC International, para desarrollar tecnologías de óptica plana con materiales disruptivos aplicadas a sistemas de detección, percepción e inteligencia artificial. La subvención se enmarca en el PERTE Chip y se financia con fondos Next Generation EU a través del PRTR. El objetivo declarado es replicar en España el modelo del centro belga IMEC VZW, líder mundial en investigación en nanoelectrónica, para construir un ecosistema nacional de semiconductores que reduzca la dependencia europea del sudeste asiático.
Se crea una nueva línea de financiación pública directa a una fundación de reciente constitución y de origen extranjero, sin proceso competitivo abierto a otras entidades. Esto implica que otros posibles candidatos nacionales no tienen opción de concurrir a estos fondos públicos. La justificación de la concesión directa se basa en el carácter estratégico del proyecto, pero supone una excepción al principio general de concurrencia en la asignación de subvenciones.
Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2026 de la Presidencia del CDTI, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2026 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional (INNOGLOBAL), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Extracto de la convocatoria INNOGLOBAL 2026 del CDTI para financiar la participación española en proyectos de I+D de cooperación tecnológica internacional. Pueden solicitarla pymes con domicilio fiscal en España o en la UE con establecimiento en España, y grandes empresas si tienen menos de 499 empleados o si el proyecto se dirige desde Canarias. La subvención mínima es el 30% del presupuesto elegible y está cofinanciada con fondos FEDER. Es un extracto del anuncio; el texto completo está en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Es una convocatoria anual recurrente. No se aprecian cambios sustanciales respecto a convocatorias anteriores a partir del contenido disponible en el extracto publicado.
Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2026 de la Presidencia del CDTI, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2026 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional (INNOGLOBAL), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Se trata de una segunda publicación del mismo extracto de la convocatoria INNOGLOBAL 2026 del CDTI (BOE-B-2026-19774), con contenido idéntico al BOE-B-2026-19775. Ambos extractos corresponden al mismo BDNS (912195) y a la misma resolución. La duplicidad parece deberse a una doble publicación en el BOE, una en cada sección del anuncio.
Contenido idéntico al BOE-B-2026-19775. No aporta cambios adicionales.
Real Decreto 467/2026, de 10 de junio, por el que se regulan la devolución y destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de medicamentos estupefacientes por las oficinas y servicios de farmacia.
Este Real Decreto regula por primera vez de forma específica cómo deben actuar las farmacias y servicios de farmacia cuando tienen que devolver o destruir medicamentos estupefacientes y psicotrópicos caducados, deteriorados o retirados del mercado, así como los excedentes que los pacientes devuelven. Hasta ahora, la normativa vigente (Real Decreto 726/1982 y Resolución de 1983) no establecía con precisión el procedimiento de destrucción ni regulaba la devolución de excedentes por parte de los pacientes. La nueva norma cubre ese vacío legal, adaptándose además a la Ley 7/2022 de residuos, que derogó el marco anterior en materia de residuos peligrosos.
Se colma un vacío legal real: la normativa anterior de 1982 y 1983 no regulaba la destrucción de sustancias activas estupefacientes y psicotrópicas ni la devolución de excedentes por pacientes. La nueva regulación impone procedimientos concretos a las farmacias, lo que supone nuevas obligaciones operativas para estos establecimientos. No se detecta empeoramiento para los pacientes; al contrario, se formaliza un canal de devolución que antes carecía de respaldo normativo claro.
Resolución de 1 de junio de 2026, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se designan los miembros permanentes de la Mesa Central de Contrataciones.
Esta resolución actualiza la composición de la Mesa Central de Contrataciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, adaptándola a la reestructuración interna derivada del Real Decreto 496/2020, que trasladó las competencias de contratación a la Secretaría General. Sustituye a la resolución de 2012 que quedaba desfasada. Es una norma puramente organizativa interna que no afecta a los ciudadanos.
Se actualiza la composición del órgano colegiado de contratación para reflejar la estructura actual de la Tesorería General. No hay cambios sustanciales en las garantías de los licitadores ni en los procedimientos de contratación pública.
Resolución de 5 de junio de 2026, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, por la que se establecen las características que deben reunir los sistemas y los documentos electrónicos de control administrativo exigidos en los transportes por carretera.
Esta resolución desarrolla técnicamente la obligación, establecida por la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, de que los documentos de control administrativo en el transporte por carretera (carta de porte para mercancías y hoja de ruta para viajeros) sean exclusivamente digitales a partir de los diez meses desde la entrada en vigor de esa ley. La norma define las características técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas que generen estos documentos electrónicos (DeCA): disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad del contenido, y la forma en que los inspectores y agentes de vigilancia pueden obtener copias. También regula cuándo y cómo debe usarse la firma electrónica cuando el documento tenga finalidad contractual.
La resolución de 2023 que regulaba los documentos electrónicos de control en transporte queda ampliada y actualizada. El cambio más relevante es que la digitalización pasa de ser una opción a ser obligatoria por mandato legal (Ley 9/2025), lo que elimina la posibilidad de usar documentos en papel. Esto supone una carga de adaptación tecnológica para todos los transportistas, especialmente los más pequeños, que deberán implantar o contratar sistemas informáticos homologados.
Acuerdo de 26 de mayo de 2026, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial, alumnos de la Escuela Judicial en fase de prácticas tuteladas o en fase de sustitución o refuerzo, y las auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales.
El CGPJ convoca ayudas económicas para financiar la formación complementaria de jueces en activo, alumnos de la Escuela Judicial en prácticas y asociaciones judiciales, para actividades realizadas entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Se financian cursos, exámenes oficiales y libros de texto, así como actividades formativas organizadas por asociaciones judiciales. El presupuesto total es de 90.000 euros para formación individual y 32.500 euros para asociaciones. Es una convocatoria interna del poder judicial sin efecto directo sobre los ciudadanos.
Es una convocatoria anual recurrente. No se aprecian cambios sustanciales respecto a convocatorias anteriores a partir del contenido disponible.
Acuerdo de 10 de junio de 2026, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica.
El Tribunal Constitucional actualiza y simplifica el procedimiento de presentación de recursos de amparo por sede electrónica, que pasa a integrarse en un único documento normalizado en lugar del anterior sistema de formulario más demanda separada. El modelo tiene un límite de 50.000 caracteres con espacios, aunque se puede solicitar motivadamente superar ese límite en casos excepcionales. Si el recurso es admitido, se abre un trámite de alegaciones sin límite de extensión. El acuerdo entra en vigor el 15 de septiembre de 2026 y deroga el acuerdo de marzo de 2023.
Se introduce un límite de extensión de 50.000 caracteres para la demanda de amparo, lo que no existía en el acuerdo de 2023. Aunque se permite solicitar excepción motivada, este límite puede condicionar la capacidad de los demandantes de exponer con detalle casos complejos en la fase inicial. A favor, se simplifica el proceso al unificar formulario y demanda en un solo documento.
Base del análisis
Análisis basado principalmente en documentos oficiales enlazados del BOE y contraste con el índice del correo.
Procesada en
viernes, 12 de junio de 2026, 14:09