Contratación pública

Que Hacienda avise antes de embargar una cuenta y garantice por sistema el salario mínimo

La resolución de la AEAT (BOE-A-2026-13031) establece un sistema de embargo automatizado, masivo y en tiempo real sobre cualquier cuenta abierta en proveedores de servicios de pago —no solo bancos tradicionales, sino también entidades de dinero electrónico y entidades de pago—. El alcance subjetivo no se limita a deudores confirmados: el sistema opera sobre cualquier persona que figure en los registros de la AEAT como deudora, incluyendo situaciones en que la deuda esté impugnada o sea fruto de un error administrativo. El titular de la cuenta no recibe aviso previo a la retención; se entera cuando el saldo ya ha sido bloqueado. En cuanto a los datos expuestos y el riesgo de automatización, el sistema cruza hasta tres identificadores por deudor: NIF actual, NIE o NIF anterior y número de pasaporte. Este cruce múltiple, pensado para facilitar la identificación, introduce un riesgo estructural de falsos positivos: si dos personas comparten un NIF histórico o hay errores de transliteración en el pasaporte, la retención puede recaer sobre una cuenta equivocada. El intercambio se realiza mediante servicios REST síncronos —es decir, en tiempo real y sin intervención humana previa en cada operación—, lo que significa que el error se materializa antes de que ningún funcionario lo revise. Los contrapesos para el ciudadano son débiles y posteriores al daño. La protección del salario mínimo inembargable (art. 607 LEC) depende de que la entidad financiera aplique correctamente el código 13 recién creado; si no lo hace, el titular debe reclamar a posteriori. No existe en la resolución ningún mecanismo de notificación previa al afectado, ni de suspensión automática ante impugnación, ni de auditoría independiente del sistema. El control es exclusivamente posterior e invisible para el ciudadano en el momento de la retención. Este sistema operativiza y amplía de forma decisiva la capacidad de embargo masivo ya iniciada con la resolución de 2011 y extendida a TPV en 2024, construyendo por pasos una infraestructura de intervención patrimonial automatizada que afecta a todos los ciudadanos con cuentas en cualquier tipo de proveedor de servicios de pago. El riesgo estructural de fondo es la normalización de la retención patrimonial automática sin garantía judicial previa ni notificación anticipada, en un contexto en que el volumen de diligencias procesadas crece de forma exponencial según reconoce la propia resolución.