Salud, contratos públicos y justicia
Las disposiciones de esta semana mezclan una ley gallega de protección de profesionales sanitarios frente a agresiones, una orden técnica de revisión de precios en contratos públicos, ayudas para formación militar y un cambio organizativo en juzgados de familia de Las Palmas. Ninguna norma impone cargas nuevas directas a ciudadanos ordinarios, aunque la reorganización judicial en Las Palmas puede afectar a quienes tienen asuntos de familia pendientes. La ley gallega refuerza derechos de los trabajadores sanitarios sin recortar derechos de los pacientes, aunque introduce obligaciones de comunicación y protocolos que pueden generar burocracia interna.