El lote actualiza las listas de sanciones de la UE contra personas vinculadas a Al-Qaida y Daesh, suprimiendo tres nombres y modificando los datos de identificación de otros tres. El resto de disposiciones son correcciones de erratas y la creación de un consorcio educativo digital europeo (EDU-EDIC). No se introducen nuevas cargas ni recortes de derechos para la ciudadanía general.
El boletín publica reorganizaciones administrativas autonómicas sin impacto ciudadano directo, junto a modificaciones de ordenanzas fiscales en varios municipios que incrementan las cargas económicas sobre familias y propietarios. También se incluyen ajustes urbanísticos y presupuestarios en consejos insulares y ayuntamientos.
El boletín se centra en corregir lagunas históricas en la Seguridad Social para deportistas y ministros de culto, permitiendo el cómputo de periodos anteriores a su integración en el sistema. Se aprueba la creación de un centro de formación aeronáutica y se convalida un real decreto-ley con medidas fiscales para La Palma. Además, se instituye un distintivo honorífico para las fuerzas de seguridad que participaron en la visita del Papa.
Resolución de la Consejería de Educación que impone servicios mínimos obligatorios para el personal docente de centros públicos no universitarios durante la huelga de los días 24 y 25 de septiembre de 2026. La norma afecta a todo el territorio de las Illes Balears y obliga a mantener la apertura de los centros con ratios de personal específicas por etapas educativas. Se establece el deber de los directores de controlar la asistencia y reportar incidencias a la administración a través de GESTIB.
Esta edición regula los cursos de preparación para acceder a la Formación Profesional en las Islas Baleares y aprueba un suplemento de crédito en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La norma educativa establece nuevos requisitos de edad y criterios de admisión para personas sin titulación académica previa, mientras que la modificación presupuestaria destina fondos a infraestructuras deportivas y equipamientos. Ambas disposiciones tienen un alcance técnico y administrativo sin introducir restricciones directas a derechos fundamentales.
Esta edición del BOIB modifica la organización del centro de tecnificación deportiva y actualiza el marco de las cofradías de pescadores en las Islas Baleares. También se reorganizan comisiones autonómicas de igualdad y residuos, y se aprueban modificaciones presupuestarias en los consejos insulares de Ibiza y Menorca y en el ayuntamiento de Alaró. Las disposiciones incluyen tanto cambios regulatorios sectoriales como ajustes financieros de administraciones locales.
Se actualiza la lista europea de personas y entidades sancionadas por vínculos con Daesh y Al-Qaida, confirmando defunciones y corrigiendo datos de identificación. Se formaliza la reincorporación del Reino Unido al programa Erasmus+ a partir de 2027, estableciendo una contribución financiera reducida y condiciones de revisión. Ambas normas son de ejecución técnica de marcos regulatorios preexistentes.
Esta edición del BOIB modifica la financiación y el régimen laboral de la educación infantil concertada y regula la vinculación del personal sanitario con la universidad. Se aprueba un decreto ley que restringe la venta de bebidas energéticas a menores y regula el óxido nitroso, y se actualiza el currículo de educación secundaria para adultos y el instituto de evaluación educativa. Finalmente, se publica la ordenanza definitiva de zonas de bajas emisiones en el municipio de Llubí.
Esta edición del BOIB incluye principalmente normativa técnica y administrativa de diversos ayuntamientos de las Islas Baleares, abarcando modificaciones presupuestarias, regulación de precios públicos y estatutos de voluntariado. Destaca la orden autonómica que regula los programas de cualificación inicial para personas con dificultades de inserción laboral, así como la ordenanza de Sa Pobla que establece nuevas tarifas de agua sin bonificaciones. En general, se trata de ajustes de gestión interna y ordenanzas sectoriales con un impacto directo limitado a los usuarios de los servicios específicos regulados.
Esta edición del BOIB aprueba un nuevo decreto autonómico que unifica y amplía a diez años la duración de los conciertos educativos en las Illes Balears, afectando a centros privados concertados y familias. También incluye varias modificaciones de ordenanzas fiscales municipales en Campos y Sant Josep de sa Talaia que actualizan las tarifas de servicios funerarios y de la escuela de música Can Blau, respectivamente. El resto de disposiciones son de carácter organizativo, presupuestario o urbanístico de menor impacto directo en la ciudadanía.