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Cada día el Estado publica decenas de normas que cambian derechos, obligaciones y reglas del juego.
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Lote de disposiciones europeas sobre ayudas escolares, sanidad animal, sanciones a Irán, espectro radioeléctrico y correcciones técnicas. Afectan principalmente a administraciones escolares, importadores de productos ganaderos y operadores de telecomunicaciones. El cierre de importaciones de carne desde Botsuana por fiebre aftosa impacta directamente en cadenas de suministro agroalimentarias.
Dos normas de alcance muy distinto: una sobre armonización de requisitos de formación en profesiones sanitarias (enfermería, odontología, farmacia, veterinaria) para facilitar la libre circulación europea, y otra que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La primera es técnica y de transposición europea; la segunda afecta directamente al derecho a la vivienda digna de los ciudadanos españoles.
Se registran 39 disposiciones: 1 nombramiento de Presidenta autonómica (Extremadura), 13 nombramientos de profesorado universitario (catedráticos y titulares en universidades españolas), 3 resoluciones sobre procesos selectivos en Ministerios (Interior, Transportes, Trabajo), 2 designaciones de tribunales calificadores en administración local, 1 convocatoria en Consejo General del Poder Judicial, 14 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos y diputaciones), y 1 modificación de tribunal en Universidad de León. Organismos implicados: Presidencia del Gobierno, 8 universidades públicas, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Consejo General del Poder Judicial, y múltiples administraciones locales.
Esta edición del BOIB contiene la aprobación definitiva de los presupuestos y la plantilla de personal de Algaida para 2026, así como una nueva ordenanza en Sant Josep de sa Talaia que obliga a realizar informes de evaluación de edificios. La ordenanza impone nuevas cargas económicas y burocráticas a los propietarios de inmuebles antiguos, extendiendo los requisitos estatales a todo el parque edificado de más de 50 años del municipio.
Lote heterogéneo de 22 disposiciones europeas publicadas entre el 21 y 22 de abril de 2026, con duplicidades en el listado. Incluye tres reglamentos sobre límites de residuos de plaguicidas, normas sanitarias animales, prohibición de destrucción de productos, y múltiples decisiones de política exterior (sanciones, misiones). Solo las tres primeras afectan directamente a ciudadanos y empresas; el resto son decisiones de política exterior sin impacto doméstico inmediato.
Se convoca una línea de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores para financiar la asistencia jurídica de ciudadanos españoles condenados a muerte en el extranjero. La medida es de carácter humanitario y no impone cargas nuevas a los ciudadanos, sino que ofrece un recurso económico limitado para defensa legal. El presupuesto máximo es de 30.000 euros anuales, cantidad muy reducida considerando el alcance potencial de los beneficiarios.
Se registran 40 disposiciones de cambios de personal: 5 ceses de embajadores, 4 nombramientos de embajadores, 1 cese y 1 nombramiento en Ministerio de Política Territorial, 1 nombramiento en Cortes Generales, 1 orden de nombramientos de profesores en Andalucía, 2 acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, 1 resolución de Cataluña sobre plazas de justicia, 23 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos y diputaciones), 1 resolución de concurso en Ministerio de Agricultura.
Conjunto de normas técnicas y de ejecución de la UE sobre gripe aviar, aranceles con Mercosur, restricciones químicas y transferencia de tecnología. Afectan principalmente a ganaderos avícolas, importadores/exportadores y empresas químicas. El acuerdo con Mercosur reduce aranceles para productos sudamericanos, lo que puede perjudicar a productores europeos de carne y lácteos.
Cuatro disposiciones de carácter técnico y regulatorio: dos sobre operación del sistema eléctrico (duplicadas en el índice), una sobre control de sustancias psicotrópicas nuevas, una sobre convocatoria de ayudas europeas para infraestructura en la nube, y un recurso de inconstitucionalidad. Las tres primeras afectan principalmente a operadores de red, autoridades sanitarias y empresas tecnológicas; la cuarta es un procedimiento judicial. Solo la norma de psicotrópicos tiene impacto directo en ciudadanos como potenciales consumidores.
Se registran 51 disposiciones publicadas entre el 20 y 21 de abril de 2026. Incluyen: 3 nombramientos directos (1 en Ministerio de Educación para profesores de secundaria, 1 en organismos de investigación, 1 catedrática universitaria), 1 corrección de errores en convocatoria de la Agencia Espacial Española, 1 resolución de concurso en Fiscalía de Córdoba, 1 admisión de aspirantes en Consejo General del Poder Judicial, 1 convocatoria de puesto sanitario en País Vasco, y 42 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos y diputaciones provinciales) distribuidas por toda España.
Esta edición del BOIB se centra casi exclusivamente en la gestión administrativa del empleo público en las Islas Baleares, con múltiples resoluciones para actualizar bolsas de trabajo interinas, constituir nuevas bolsas y aprobar bases para concursos municipales. Se incluyen nombramientos puntuales de personal en consejos insulares y cuerpos de policía local, así como la prórroga de un procedimiento específico de selección sanitaria temporal. No se detectan nuevas normativas regulatorias que afecten directamente a derechos fundamentales o impongan cargas significativas al conjunto de la ciudadanía más allá de los procedimientos administrativos estándar.
Se trata de siete disposiciones europeas de naturaleza técnica y administrativa: correcciones lingüísticas en etiquetado energético, especificaciones de ciberseguridad en notificaciones de vulnerabilidades, actualizaciones de clasificaciones estadísticas, y reformas sustanciales del marco de resolución bancaria. Las normas afectan principalmente a fabricantes de dispositivos electrónicos, autoridades de ciberseguridad, entidades financieras y administraciones tributarias. La reforma bancaria introduce cambios significativos en la intervención temprana y resolución de bancos en crisis, con potencial impacto en depositantes y accionistas.
Lote de cuatro disposiciones que afectan principalmente a empresas energéticas, distribuidoras de gas y sistemas de salud pública. El decreto canario modifica normas sobre energías renovables tras conflicto constitucional con el Estado; la resolución sobre precios de gas licuado es de carácter técnico-administrativo; la orden sanitaria amplía cribados y vigilancia epidemiológica; y una convocatoria de subvenciones para comunicación sobre asuntos europeos. Ninguna afecta directamente a derechos fundamentales de ciudadanos, aunque los cambios en precios de gas pueden repercutir indirectamente en costes de suministro.
Se registran 6 nombramientos directos en universidades (Catedráticos y Profesores Titulares), 52 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos y diputaciones), 13 convocatorias de procesos selectivos en universidades, 7 convocatorias en defensa (procesos de selección militar), 2 resoluciones de provisión de plazas en justicia, 2 nombramientos en UNED, 2 convocatorias en organismos estatales (Agencia Estatal de Investigación, Tribunal de Cuentas, AECID), 2 convocatorias en Casa de América, 1 modificación de nombramientos en Administración General del Estado, 1 convocatoria en Red de Salud Mental de Araba, y 1 convocatoria en Badajoz por sistema de concurso. Total: 125 disposiciones de personal.
Esta edición del BOIB recoge cuatro disposiciones de carácter presupuestario y urbanístico de tres municipios de Mallorca: Capdepera, Felanitx y Santa Margalida. Las modificaciones de crédito de Capdepera movilizan más de un millón de euros para cubrir gastos de personal, reparaciones de emergencia y obras de infraestructura. La modificación urbanística de Santa Margalida elimina una vía proyectada, lo que puede afectar a la conectividad futura de una zona de desarrollo.
Se publican ocho disposiciones de la UE sobre seguridad alimentaria, protección de denominaciones de origen con Islandia, medicamentos veterinarios y ayuda a Ucrania. Las normas afectan principalmente a operadores de empresas alimentarias, ganaderos y productores de alimentos. El cambio más relevante es la armonización de criterios para sacrificio de urgencia de animales fuera del matadero, que amplía las interpretaciones permitidas y podría facilitar el uso de carne en casos que antes se rechazaban.
Se publican tres disposiciones: una convocatoria de ayudas a entidades agroalimentarias para inversiones en transformación y comercialización (dirigida a asociaciones supraautonómicas), y dos enmiendas internacionales sobre formación y certificación de personal marítimo que introducen digitalización de documentos. Las normas afectan principalmente a empresas agrarias asociadas y profesionales del sector marítimo; no hay recortes de derechos ciudadanos directos, pero sí nuevas exigencias administrativas y tecnológicas.
Se registran 2 nombramientos de Profesores Titulares de Universidad (Universidad de Málaga y Universidad de Zaragoza), 1 convocatoria de concurso específico en Ministerio de Presidencia, 1 corrección de errores en concurso universitario (Universidad de A Coruña), y 16 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos, diputaciones y consejo insular). Total: 22 disposiciones sin ceses registrados, predominantemente nombramientos y convocatorias de provisión de puestos.
Conjunto de siete disposiciones europeas sobre límites de residuos de cobre en alimentos, eficiencia energética, interoperabilidad de datos en cambios de suministrador, y certificación zoosanitaria de animales. Afectan principalmente a productores agrícolas, empresas energéticas, operadores de redes de distribución y comerciantes de animales. El impacto sobre ciudadanos es indirecto: potencial encarecimiento de productos agrícolas por nuevos límites de cobre, obligaciones administrativas para cambiar de suministrador energético, y requisitos más estrictos para movimiento de mascotas.
Lote heterogéneo de seis disposiciones: una modifica plazos de justificación de fondos europeos para transición energética en islas; otra levanta restricciones de confinamiento aviar tras mejoría epidemiológica; dos regulan asignación de números telefónicos para empresas; una convoca ayudas de formación agraria; y otra amplía plazos para solicitar asesoramiento digital. Afectan principalmente a gobiernos autonómicos, ganaderos, operadores de telecomunicaciones y pequeñas empresas agroalimentarias. No hay recortes significativos de derechos ciudadanos, pero sí ampliaciones de plazos administrativos que benefician a beneficiarios de fondos públicos.
Se registran 4 nombramientos de personal docente universitario (Catedráticos y Profesores Titulares) en las Universidades de Cantabria y Jaén, con 1 corrección de errores en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se convocan 4 procesos selectivos: 2 de promoción interna en la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Tramitación Procesal), 1 concurso de acceso a cuerpos docentes en la Universidad Autónoma de Madrid, 1 modificación de convocatoria de personal laboral en la Universidad de Barcelona, y 1 concurso específico en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se publican 2 convocatorias de provisión de plazas en el Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran.
Esta edición del BOIB recoge cinco disposiciones presupuestarias de ámbito local en Mallorca: una modificación de crédito del Consell Insular de Mallorca, la aprobación del presupuesto general de Campanet, dos actuaciones del Ayuntamiento de Petra (modificación de crédito y revocación de un cambio de uso urbanístico) y una modificación de crédito del Ayuntamiento de Ses Salines. Se trata de ajustes internos de gasto público que no implican nuevas cargas directas para los ciudadanos, aunque redistribuyen recursos que afectan a los servicios que reciben. La revocación del cambio de uso en Petra es la disposición con mayor impacto práctico al dejar sin efecto una decisión urbanística ya aprobada.
Lote de 10 disposiciones europeas de abril de 2026, principalmente sobre registro de indicaciones geográficas protegidas (productos suecos y finlandeses), correcciones técnicas en residuos de pesticidas, medidas sanitarias para ganadería en España, y cooperación policial con Ecuador. La mayoría son trámites administrativos de bajo impacto ciudadano directo; las más relevantes afectan a productores agrícolas que deben cumplir nuevas especificaciones de prueba y a ganaderos españoles con restricciones por enfermedad animal.
Se publican tres disposiciones: un Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en transporte (con contenido incompleto en la fuente), y dos resoluciones sobre subvenciones culturales y turísticas en Cuenca. Solo la primera afecta potencialmente a ciudadanos y empresas de transporte; las otras son convocatorias administrativas de subvenciones locales.
Se registran 2 ceses y nombramientos en el Tribunal Económico-Administrativo Central (Ministerio de Hacienda), 2 nombramientos de funcionarios de carrera en cuerpos de ingeniería (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), 1 modificación de tribunal calificador (Ministerio para la Transición Ecológica), 18 convocatorias de plazas en administración local, 2 convocatorias de plazas docentes universitarias y 1 convocatoria de puesto de trabajo en el Consejo General del Poder Judicial.
Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2447 para actualizar las zonas de restricción y medidas de control ante brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en la Unión Europea. Afecta principalmente a ganaderos, avicultores y comerciantes de aves, imponiendo restricciones geográficas y de movimiento de animales. El documento proporcionado está incompleto y no permite identificar qué cambios específicos se introducen respecto a la norma anterior.
Se crea un sello electrónico administrativo para automatizar procesos en la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Esta es una norma puramente administrativa de funcionamiento interno de la Administración Pública que no afecta directamente a derechos, libertades o cargas de ciudadanos o empresas. No hay recortes de derechos ni nuevas obligaciones para la ciudadanía.
Se publican 27 disposiciones relativas a procesos selectivos, convocatorias de plazas y resoluciones de personal en la Administración española. Destacan: 3 resoluciones de aprobación de aspirantes en procesos selectivos (Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Administración de la Seguridad Social); 2 convocatorias de concursos generales (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con 27 páginas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas con 97 páginas); 1 resolución de concurso en Museo Reina Sofía; 1 corrección de errores en Andalucía; y 20 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos y diputaciones provinciales). No se registran ceses explícitos, sino procesos de provisión de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany reasigna 372.000 euros desde el asfaltado de vías hacia proyectos turísticos y culturales. Sant Llorenç des Cardassar aprueba una tarifa progresiva del agua que penaliza el consumo excesivo. Son Servera impone una ordenanza de movilidad que obliga a seguros, matrículas y limita la velocidad de patinetes eléctricos.
Cuatro reglamentos europeos que modifican normas sobre importación de animales, aves de corral y mascotas desde terceros países, principalmente en respuesta a brotes de gripe aviar en Chile y Estados Unidos. Afectan a importadores, ganaderos y ciudadanos que viajan con mascotas. Las medidas restringen importaciones de productos avícolas desde países con brotes activos y simplifican trámites para desplazamientos de mascotas sin fines comerciales.
Orden ministerial que adapta los requisitos para acceder a ayudas directas por daños de fenómenos meteorológicos en Andalucía y Extremadura, específicamente para explotaciones apícolas. La norma simplifica un trámite administrativo al permitir que los apicultores acrediten la superficie de pastos mediante datos del registro ganadero en lugar de la solicitud única de 2025, lo que facilita el acceso a las ayudas para un sector afectado por desastres naturales.
Se registran 69 disposiciones entre el 10 y 13 de abril de 2026. Destacan: 6 nombramientos de profesorado universitario (Profesores Titulares y Catedráticos) en universidades públicas; 1 nombramiento de personal estatutario sanitario en la Red Hospitalaria de la Defensa; 2 nombramientos de profesorado funcionario en Asturias y Castilla y León; 1 nombramiento de personal laboral en la Orquesta Real Filharmonía de Galicia; 2 convocatorias de promoción interna para funcionarios de administración local (Secretaría e Intervención-Tesorería); 1 resolución de concurso en el Consejo General del Poder Judicial; 4 resoluciones de concursos en ministerios (Transportes, Economía, Presidencia, Abogacía General del Estado); 2 convocatorias en administraciones autonómicas (País Vasco y Madrid); 40 convocatorias de provisión de plazas en administración local (ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades); 8 convocatorias en universidades públicas. Total: aproximadamente 6 nombramientos directos, 4 resoluciones de concursos previos, 2 convocatorias de promoción interna, 48 convocatorias de provisión de plazas, y 9 convocatorias universitarias.
Esta edición del BOIB recoge dos disposiciones de ámbito diferente: un decreto autonómico que crea un programa específico para alumnos de bachillerato con alto rendimiento académico en toda la comunidad balear, y una modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) para aumentar créditos destinados a retribuciones de personal municipal. El decreto de excelencia puede beneficiar a estudiantes con alto rendimiento pero introduce un sistema diferenciado que puede generar desigualdad entre centros. La modificación presupuestaria es una operación interna de personal sin impacto directo en servicios a la ciudadanía.
Las cuatro normas publicadas son de carácter técnico y regulatorio: afectan principalmente a entidades bancarias, operadores de aviación civil, empresas de publicidad política en línea y organismos estadísticos. El impacto directo sobre el ciudadano de a pie es muy limitado o indirecto, salvo en lo relativo a la transparencia de la publicidad política en internet, que sí tiene consecuencias para los votantes. No se detectan recortes de derechos ciudadanos directos, aunque la complejidad técnica de estas normas dificulta el escrutinio público.
Las tres disposiciones publicadas son de naturaleza técnica o administrativa: una fija precios de gas natural para liquidaciones eléctricas en territorios insulares, otra convoca subvenciones a ayuntamientos para gestión de colonias de gatos callejeros, y la tercera corrige errores formales en una ley recién aprobada. Ninguna impone cargas directas a ciudadanos individuales ni recorta derechos. El impacto más tangible para la ciudadanía es la posibilidad de que los municipios accedan a fondos para gestionar colonias felinas de forma ética.
El BOE nº 88 de 10/04/2026 recoge 19 disposiciones de personal sin ceses, con un total de múltiples nombramientos: (1) integración y nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de personal procedente del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de FP en Cataluña; (13) nombramientos de Profesores y Catedráticos Titulares de Universidad en diversas universidades (Zaragoza, Autónoma de Madrid, Burgos, Castilla-La Mancha, La Laguna, Alicante, Santiago de Compostela, País Vasco, València); (2) correcciones de errores en resoluciones de nombramiento de la Universidad de Jaén y convocatoria de la Universidad de Cádiz; (1) declaración de desierto del puesto de Viola Principal de la Real Filharmonía de Galicia; (1) publicación de aprobados en la fase de oposición del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (Ministerio del Interior).
Se modifica el Reglamento para incluir nuevos proyectos de interés común y mutuo en la lista, potencialmente beneficiando a ciertas empresas energéticas pero no especificadas qué perjudican directamente al ciudadano medio.
La nueva legislación impone nuevos controles a los fabricantes del embalaje para el transporte de mercancías peligrosas, afectando poten0cialmente al sector industrial y beneficiando la seguridad pública. Se establecen requerimientos más estrictos que pueden incrementar costos operativos.
1 ceses, 3 nombramientos, en Agencia Estatal de Meteorología, Universidad de Zaragoza, Universidad de La Laguna, Universidad de Murcia
Esta edición del BOIB recoge tres disposiciones de municipios distintos de las Islas Baleares: la aprobación definitiva del presupuesto de Bunyola para 2026, un estudio de detalle urbanístico en Santa Eulària des Riu (Ibiza) que ajusta alineaciones en beneficio de un promotor privado alemán, y una nueva ordenanza de estacionamiento regulado en Son Servera (Mallorca). Las dos últimas disposiciones afectan directamente a ciudadanos y empresas: la ordenanza de Son Servera introduce nuevas zonas de pago y restricciones de aparcamiento, y el estudio de detalle modifica el espacio libre público de una parcela privada en Cala Llenya.
El Reglamento modifica el antiguo para corregir errores y actualizar las normas relacionadas con la comercialización de carne aviar, potencialmente afectando a los productores por una regulación más estricta.
El Gobierno revisa a la baja los tipos de interés de los préstamos concedidos bajo los Planes de Vivienda 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Para los beneficiarios del Plan 1998-2001, el tipo baja del 5,38% al 3,61% anual, lo que supone un alivio significativo en sus cuotas hipotecarias. Para el Plan 2002-2005, el tipo baja del 2,78% al 2,55%, y para el Plan 2005-2008 también se aplica una reducción siguiendo la misma metodología. Esta revisión beneficia directamente a los ciudadanos que en su día accedieron a vivienda protegida mediante estos préstamos convenidos y que aún los tienen vigentes, ya que pagarán menos intereses. No hay perjudicados directos entre la ciudadanía: la medida es técnica y responde a la bajada de los tipos de referencia del Banco de España. Las entidades de crédito que financiaron estos planes verán reducidos sus ingresos por intereses, aunque esto estaba previsto contractualmente en los convenios originales.
En el BOE nº 86 de 08/04/2026 se publican 25 disposiciones de personal. No se registran ceses. En cuanto a nombramientos, la Universidad de Zaragoza nombra Profesoras y Profesores Titulares de Universidad (1 resolución) y la Universidad de Valladolid hace lo propio (1 resolución). El resto de disposiciones (23) corresponden a convocatorias para proveer plazas o puestos de trabajo en distintos organismos: Administración Local (ayuntamientos de Es Castell, Santa Cruz de Tenerife, Tarifa, Marratxí, Leioa, Ontinyent, Ciutadella de Menorca, Amposta, Basauri, Xermade, Torredonjimeno, Pedrola, Córdoba, Tous, Masquefa y Aspe; y la Comarca Somontano de Barbastro) y Universidades (Universidad Pública de Navarra, convocatoria de plaza de Gestor/a de Diversidad). Se detectan dos disposiciones duplicadas (BOE-A-2026-7933 y BOE-A-2026-7934).
Se publican seis disposiciones de la Comisión Europea sobre sanidad animal, control de residuos de plaguicidas, sistemas biométricos de migración y registros de emisiones. Las normas afectan principalmente a importadores de productos avícolas, productores agrícolas, laboratorios de análisis y autoridades de control. Hay recortes de derechos en privacidad biométrica y nuevas cargas administrativas para pequeños productores.
Tres disposiciones de alcance sectorial: una convocatoria de subvenciones para avales agrarios y pesqueros, una corrección técnica de criterios de notificación en centrales nucleares, y una reforma de la normativa comercial catalana. Solo la primera tiene impacto directo en ciudadanos y pequeñas empresas del sector agrario y pesquero.
Se registran 42 disposiciones: 5 nombramientos de profesorado universitario (Castilla-La Mancha, Alicante, Granada, País Vasco), 1 nombramiento de tribunal calificador en Justicia, 1 resolución de concurso en Instituciones Penitenciarias, 1 convocatoria de concurso judicial en el Consejo General del Poder Judicial, 1 convocatoria de concurso docente en Universidad Complutense de Madrid, y 32 convocatorias de plazas en administración local (ayuntamientos, diputaciones y organismos autónomos locales). No se registran ceses explícitos.
Esta edición del BOIB recoge exclusivamente disposiciones de personal público: correcciones de errores, convocatorias desiertas, contrataciones resueltas y nuevas bolsas y plazas en varios municipios e instituciones de Baleares. Afecta a la Administración autonómica, al Consell Insular de Eivissa y a los ayuntamientos de Llubí, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany. No hay medidas que afecten directamente a derechos o cargas de la ciudadanía en general, aunque la falta de personal técnico en municipios pequeños sí tiene consecuencias prácticas para los vecinos.
Se trata de un reglamento de ejecución de la UE que añade dos nuevas personas a la lista de sanciones contra organizaciones terroristas EIIL (Daesh) y Al-Qaida, implementando decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La medida afecta principalmente a las instituciones financieras y autoridades de control de blanqueo de capitales en toda la UE, que deben identificar y congelar fondos de estas personas. No genera impacto directo sobre derechos de ciudadanos europeos, pero sí sobre cualquier entidad que pudiera tener relaciones financieras con los designados.
Lote heterogéneo de 8 disposiciones: tres sobre modificaciones de subvenciones Next Generation EU para infraestructuras digitales y 5G (cambios administrativos menores), dos sobre investigación en chips cuánticos (distribución de fondos europeos), una sobre obligaciones de almacenamiento de gas natural (endurecimiento de requisitos), una sobre ayudas a entidades locales por daños meteorológicos, y un recurso de inconstitucionalidad contra normativa costera valenciana. Las disposiciones que afectan a ciudadanos son la de gas (nuevas cargas para comercializadores y consumidores) y la de ayudas municipales (acceso a fondos de reconstrucción).
Se registran 2 ceses y 175 nombramientos distribuidos en: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (5 disposiciones), Universidades (30 disposiciones con múltiples nombramientos de catedráticos y profesores titulares), Administración Local (97 convocatorias de plazas en ayuntamientos y entidades locales), Ministerio de Sanidad (1 disposición), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (1 disposición), Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (1 disposición), Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (1 disposición), Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (2 disposiciones), Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (1 disposición), Ministerio de Cultura (1 disposición), Consejo General del Poder Judicial (2 disposiciones), Comunidad Autónoma de Andalucía (1 disposición), Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (1 disposición) y Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (1 disposición).